La juez de guardia ha requerido a la Dirección General de Salud Pública para que informe de la situación en las dependencias de la residencia de personas mayores de Caser en la pedanía murciana de Churra y en la residencia de personas con discapacidad de Churra.
En concreto, la jueza ha solicitado el número de positivos, las medidas y sistemas adoptados para evitar contagios, el personal sanitario disponible, así como cualquier otro aspecto relevante asistencial y de salud, según ha informado el Tribunal Superior de la Región de Murcia (TSJMU).
Cabe recordar que el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha confirmado este viernes por la mañana que un centenar de usuarios de nueve residencias y centros de personas mayores han dado positivo por coronavirus en la Región de Murcia y cinco han fallecido, mientras que 25 profesionales también están contagiados.
De momento, la Consejería de Salud ha actuado desde un punto de vista sanitario en cuatro residencias, la CASER en Santo Ángel, la de ORPEA en Cartagena, la de la pedanía murciana de Churra y otra en el municipio de Santomera. En ellas, el personal médico del Servicio Murciano de Salud (SMS) está haciendo el seguimiento de los casos detectados e implementando las medidas contempladas en los planes de contingencia.
Cuatro de los cinco fallecidos en este tipo de centros residían en las instalaciones de CASER en Santo Ángel, y el restante vivía en la residencia ORPEA de Cartagena, que falleció en una clínica privada.
En cuanto a las críticas de los trabajadores de la residencia de Santo Ángel que dicen no haber sido sometidos a la prueba de detección de la enfermedad, Villegas ha precisado que el análisis se debe hacer a quien tenga síntomas y, en caso contrario, no está indicado. Con todo, ha señalado que se ha practicado a 19 personas que estaban trabajando en este centro y todas dieron positivo.
Asimismo, respecto a una posible denuncia por parte de los usuarios del centro de personas con discapacidad de Churra por la gestión de la crisis, Villegas ha señalado que, desde un punto de vista legal, «la gente tiene derecho a hacer lo que quiera», y ha asegurado que irá a declarar cuando tenga que hacerlo.
