La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, en la que reclama que ambas instituciones públicas trabajen de manera coordinadora para «poner freno» a la ocupación ilegal de viviendas, informaron fuentes municipales en un comunicado.
Fernández ha instado a Vélez a dar «una respuesta rápida, inmediata y efectiva» a este tipo de situaciones, al tiempo que ha destacado la necesidad de impulsar leyes estatales que «protejan la propiedad privada y eviten estos polémicos sucesos».
Además, en los próximos días, la regidora se reunirá con entidades financieras y suministradoras de energía para que pongan en conocimiento del Ayuntamiento los enganches ilegales de luz y agua, con el fin de que desde el Consistorio «se proceda a formular las denuncias correspondientes».
OFICINA DE ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES
Por otro lado, ha anunciado que el Ayuntamiento va a poner en marcha el próximo mes una «oficina pionera» de atención a las familias con necesidad de vivienda, y cerrar acuerdos con bancos para que oferten alquileres sociales «a quienes demuestren su falta de ingresos».
El objetivo esencial de esta oficina es ayudar a las familias especialmente vulnerables y con grandes dificultades de acceso a la vivienda. «Ayudar, en definitiva, a los que más lo necesitan, pero sin vulnerar el derecho a la propiedad privada de otras familias que llevan toda su vida ahorrando», ha comentado Fernández.
Con todo ello, el equipo de Gobierno de Archena pretende «poner freno de una forma contundente a las cada vez más usuales situaciones de ocupaciones de propiedades privadas, algo que se acentúa en estos meses de vacaciones».
«Vemos como muchos vecinos son los que han tenido que tomar la iniciativa para luchar contra este fenómeno, y eso no va a ocurrir aquí, seremos los primeros en proteger sus derechos», ha manifestado la primera edil.
