«En cualquier caso, creemos que tenemos todos los informes para que esto se pueda aplicar con total normalidad», destaca el Ejecutivo
El Gobierno murciano ha anunciado que está estudiando jurídicamente «con mayor profundidad» el requerimiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional que insta a retirar el denominado ‘pin parental’, y ha afirmado que tomará «medidas» para «reconducir» esta medida si se agota el trámite previsto en la ley y, llegado el recurso de inconstitucionalidad, se determina que no es legal, pero ha asegurado que no se retractará por la aplicación de «un 155».
«Nosotros tenemos el informe jurídico y de la inspección que dicen que la medida es legal», ha defendido Celdrán. No obstante, ha señalado que el Ejecutivo murciano va a hacer un informe «con mayor profundidad» y tomará medidas para «reconducir» el ‘pin parental’ si así se determina tras agotar todo el trámite que otorga «la ley de derecho».
En concreto, ha recordado que este trámite permite que una parte «pueda requerir a la otra; que la otra pueda contestar; y, si no hay acuerdo, ir a una bilateral; y, si en la bilateral no hay acuerdo, ir a un recurso de inconstitucionalidad; y, si en el recurso de inconstitucionalidad se entiende, en ese caso se tomarán las medidas para reconducirlo», ha reconocido.
«En cualquier caso, creemos que tenemos todos los informes para que esto se pueda aplicar con total normalidad» ha ratificado Celdrán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la aplicación de esta medida.
También se ha referido al hecho de que el Defensor del Pueblo haya pedido información a la consejería de Educación y Cultura del Gobierno murciano sobre las instrucciones para el ‘pin parental’.
En este sentido, Celdrán ha considerado que «detrás de esta polémica no está más que el intento de algunos colectivos, partidos políticos e, incluso, del Gobierno de España de crear una cortina de humo que tape lo que de verdad es graves y que está pasando en España contra la Región de Murcia».
Ha defendido que la autorización parental «garantiza la libertad de los padres a conocer quienes pueden transmitir cualquier experiencia o información a sus hijos en ámbitos concretos, fuera de la neutralidad que se le exige a un docente». No obstante, ha insistido en que eso no significa que se vayan a prohibir las charlas.
De hecho, se ha mostrado convencido de que los padres darán la autorización «en la inmensa mayoría de los casos», pero entiende que los progenitores tienen algo que opinar «si hay un riesgo de falta de neutralidad de un externo al docente».
En cuanto a las movilizaciones convocadas para protestar contra la aplicación de este ‘pin parental’, Celdrán ha reconocido que «todos tenemos el derecho a manifestarnos dentro de la ley, a estar a favor o en contra». Sin embargo, a su juicio, «detrás de esta polémica se esconde realmente una cortina de humo para no hablar de un Gobierno con 21 ministros o de un Gobierno que va a modificar el Código Penal para sacar de la cárcel a los independentistas hincando la rodilla ante el secesionismo catalán».
Asimismo, cree que es una «cortina de humo» para «no hablar de que lógicamente se está politizando a la Fiscalía cuando se le obliga a tener al frente a una persona que ha sido ministra; o para que no se hable, por ejemplo, de que han repetido 21.000 veces de que no van a pactar con Bildu y el PSOE pacte en Navarra con ellos los presupuestos».
«Sirve para que no se hable de la infrafinanciación que padece la Región y de la modificación del sistema de financiación autonómica; o de que el Gobierno central nos tiene con dos trasvases cero con un criterio político y no técnico», según Celdrán, quien insta a «salir de esta confrontación estéril» y quitar esas «cortinas de humo que nos tienen entretenidos con temas que son menos importantes».
Ha insistido en que el hecho de que exista una autorización expresa de los padres para charlas impartidas por personal ajeno al docente «no quiere decir que se esté prohibiendo nada» sino que los padres o el tutor legal puede no dar su autorización «en los casos mínimos en los que entiendan que puede haber una falta de neutralidad».
Al ser preguntado por el hecho de que comunidades como Madrid y Andalucía, gobernadas también por el PP, se nieguen a aplicar esta medida, Celdrán ha destacado que «también ha habido otras iniciativas que se han realizado en otras comunidades donde alguien ha sido el primero».
Al ser preguntado por el hecho de que no hubiera ninguna queja sobre la impartición de estas charlas hasta ahora, Celdrán ha recordado que esta autorización expresa de los padres para actividades complementarias impartidas por personal no docente «se está aplicando desde el mes de septiembre, cuando se implantó la instrucción» y, en todos estos meses, «no ha habido ningún problema».
«En estos cinco meses que lleva aplicándose no ha habido manifestaciones, no ha habido quejas, no ha habido intervenciones con requerimiento del Estado», ha destacado Celdrán, quien ha insistido en que «el problema es el interés que tiene una parte, especialmente política, y también de la sociedad, de desestabilizar a una Comunidad que está gobernada por un partido diferente al del Estado». A su juicio, «alguien pretende tumbar los Presupuestos» de la Comunidad para 2020.
