La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social encargará un informe jurídico, en cuanto sea público el decreto ley sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para determinar cómo afecta esta prestación a la Renta Básica de Inserción (RBI), que en el mes de mayo se concedió a 6.591 personas de la Región de Murcia, superando los 1,7 millones de euros.
En esta línea, la vicepresidencia del Ejecutivo regional está a la espera de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique este decreto ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros para conocer su contenido, que aún no maneja debido «a la improvisación y falta de transparencia del Gobierno central con las comunidades autónomas», aseguran desde la Consejería.
Una vez que el decreto sea público serán recopilados y analizados los ejes básicos del Ingreso Mínimo Vital y la Consejería colaborará en la difusión de los requisitos para recibir esta prestación no contributiva de la Seguridad Social. Lo hará por todos los canales que tiene a su alcance, incluso el presencial.
Aún así, la Vicepresidencia del Gobierno regional pide al Ejecutivo central que especifique qué recursos humanos pondrá a disposición de las comunidades autónomas que colaboren en la gestión del IMV.
Mientras llega esa ayuda, la Consejería estudia pedir un refuerzo de personal destinado a la atención a la ciudadanía para poder ayudar a cumplimentar las solicitudes a las miles de personas que hoy necesitan el Ingreso Mínimo Vital. De esta forma se podría prestar una colaboración que busca que la prestación llegue lo antes posible a quienes más lo necesitan.
