Los empleados de residencias de mayores y personas con discapacidad y centros de menores que estén de permiso o vacaciones están obligados a hacerse una prueba PCR como máximo 72 horas antes de incorporarse a su puesto de trabajo a partir de este martes.
Así lo han decidido en una reunión la consejera de Política Social, Isabel Franco, y responsables de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y SATSE; las residencias de mayores y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la Región de Murcia.
Esta medida, que está dirigida a frenar la expansión del coronavirus entre los colectivos más vulnerables, también afecta a las contrataciones que se realicen a partir de este momento.
La Consejería ha trabajado en esta Orden, que ha contado con el respaldo unánime de los colectivos representados en el encuentro, tras la aprobación el pasado viernes, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de once medidas para combatir el covid-19 en el ámbito nacional.
La Orden entrará en vigor este martes con las nuevas medidas preventivas complementarias en lo que concierne a los centros de servicios sociales y sociosanitarios.
Además, el texto aprobado ratifica otras medidas adoptadas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) como la realización de pruebas PCR a los nuevos ingresos de residentes, también con 72 horas de antelación, y la limitación de visitas a una persona y una hora por residente, excepto en casos de personas que se encuentren en el proceso final de vida, a las que se aplicaría otro protocolo.
Los centros residenciales de menores se acogerán a estas mismas actuaciones, ampliando las visitas que en su caso podrá ser de dos personas siempre que estas sean convivientes.
CENTROS SOCIOSANITARIOS
Por otro lado, los centros sociosanitarios deberán seguir las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias en la organización de los centros. También están obligados a causar alta en la aplicación informática Sansonet cumplimentando datos relativos a las cuarentenas, pruebas epidemiológicas, resultados, bajas y fallecimientos, entre otros.
Además, se ha acordado la puesta en marcha de una mesa de trabajo para empezar a estudiar las medidas a adoptar en los centros de día tanto de personas mayores como de discapacidad de cara al 1 de septiembre.
