Según datos de 2019, más de un 22% de los jóvenes de la Región abandona los estudios tras Secundaria
La presidenta de Unicef Comité Murcia, Amparo Marzal, ha alertado este lunes en la Asamblea Regional de que los índices de fracaso y abandono escolar en la Región podrían «agravarse» por la situación provocada por la Covid-19.
Marzal, que ha comparecido ante la Comisión especial de Reactivación Económica y Social, ha expuesto que en 2019 más de un 22% de jóvenes de la Región abandona los estudios tras terminar la ESO, mientras que 6 de cada 10 jóvenes de 15 años repite curso.
Según los datos que ha aportado ante la comisión, 8 de cada 10 niños ha tenido problemas para poder seguir las clases a distancia durante la pandemia, destacando los niños de familias con pocos recursos, extranjeras o de familias monoparentales. En ese sentido, ha reclamado «apoyo! para que los niños puedan seguir las clases y reciban una educación. «Se necesita también un plan general para que se determine claramente qué contenidos dar o no. La escuela tiene que garantizar el derecho a la Educación», ha indicado.
Ha recordado que, según la tasa AROPE, en 2019 había un 36,2% de niños que estaban en riesgo de pobreza y exclusión. «Sin niños que habitan el 44% de los hogares murcianos que no pueden afrontar gastos imprevistos», ha dicho.
De ahí que durante su intervención haya pedido también la puesta en marcha de medidas que ayuden a estas familias.Para evitar el abandono escolar plantea la necesidad de contar con un programa de apoyo escolar a lo largo del curso para realizar un seguimiento de los estudiantes. «Que se desarrollen plataformas digitales de enseñanza que garanticen la ciberseguridad, la formación, el desarrollo de un programa de enseñanza a distancia respetando la libertad de cátedra, asegurando la adquisición de competencias del currículo básico», ha pedido.
Por otro lado, pide que las ayudas económicas lleguen a todos los que las necesitan. «Hay que intentar que el ingreso mínimo vital llegue a todos los que lo necesitan y que sea compatible con las rentas sociales que se pueden distribuir en las comunidades autónomas», ha señalado indicando que el ingreso mínimo vital «podría contribuir a un sistema social sólido que ayude a reducir la pobreza».
También ha instado a garantizar que todos los niños puedan tener una alimentación equilibrada y a reforzar las líneas de recursos a la infancia, entre otras.
