La Coordinadora Regional de PAHs ha denunciado públicamente que, según datos hechos públicos ayer por el CGPJ y a pesar de que se suspendieron todos los procedimientos judiciales desde primeros de marzo, los juzgados de la Región de Murcia «pusieron a 503 familias en la calle, sólo en los meses de enero y febrero».
Estos desahucios, explican, se desglosan en 239 por impago de hipoteca, 233 por impago de alquiler y 31 por otras causas.
«Ante esta situación, que en la Región se caracteriza además por contar con los terceros salarios más bajos de España y un importante incremento de los precios de alquiler, la opción del Gobierno Regional consiste en liberarse de más de 650 viviendas del exiguo Parque Público de vivienda (sólo 2.870), suprimir el registro de demandantes de vivienda y derogar, sin proponer ninguna medida alternativa, las prerrogativas que la ley le otorga para poder intervenir precios de alquiler o movilizar vivienda vacía a dicho mercado. Y lo más grave, renunciando a la compra subvencionada hasta en un 60% por el Gobierno central, de viviendas para Parque Público», critican desde la coordinadora de PAHs.
Al haberse reactivado los procedimientos judiciales desde el pasado 4 de junio, y acabando la suspensión de los desahucios de alquiler incluida en reales decretos-ley aprobados por el Gobierno central, unido al contexto de crisis sanitaria, económica y social, «los próximos meses pueden ser dramáticos para muchas familias murcianas, mientras Franco, Díez de Revenga y López Miras siguen con sus recetas caducas y fracasadas», añaden.
«La responsabilidad de satisfacer el Derecho a la Vivienda de las familias murcianas es exclusiva del Gobierno regional, que detenta todas las competencias en esta materia, por lo que, cuando en breve, la aplicación de sus políticas deje en la calle a cientos o miles de familias, no podrán culpar a nadie ajeno a la región del sufrimiento y los dramas humanos que sus políticas van a causar», explican.
Por ello, desde la PAH exigen a Díez de Revenga y López Miras que renuncien a los contenidos «de su fraudulento decreto 3/2020 y empiecen a poner en marcha de una vez los de la ley 10/2016, que servirían sin duda, para evitar muchas de esas tragedias. Igualmente le exigimos a la vicepresidenta Franco que, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de política social, trate a la vivienda como el bien social que es y proponga la adquisición subvencionada por el Gobierno central de viviendas para Parque Público».
