La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, denuncia la situación actual del Centro Penitenciario Murcia II Tras la detección el pasado 18 y 19 de agosto de los tres primeros casos de internos positivos a Covid-19 en el CP MURCIA II, el brote se ha agravado con el positivo de un funcionario que a su vez ha provocado que otros 17 funcionarios hayan sido puestos en cuarentena a la espera de las pruebas PCR.
Ante la gravedad de ésta situación, desde la APFP expresan su preocupación por la evolución de este brote y como pueda influir en la salud de los trabajadores y de los internos, además de los problemas de personal que pueda generar esta situación a la hora de cubrir todos los puestos de trabajo.
El sindicato solicita a la Delegación de Gobierno de Murcia que «tome cartas en el asunto» y acelere el procedimiento para realizar las pruebas PCR a los funcionarios en cuarentena, así como a todo el conjunto de la plantilla, ya que no hay que olvidar el alto porcentaje de contagiados asintomáticos que se detectan con esta prueba, lo cual es clave para controlar cualquier brote.
Igualmente, y dadas las altas tasas de contagio durante la última semana en la Región, solicitan a la SGIIPP que suspenda las comunicaciones vía a vis en los Centros Penitenciarios de ésta comunidad, ya que durante la celebración de este tipo de comunicaciones, los internos tienen contacto físico directo con sus familiares lo que incrementa el riesgo y la probabilidad de ser contagiados y de transmitir la enfermedad a otros internos y a los funcionarios a su vuelta a los módulos.
APFP reclama al Ministerio del Interior un Estatuto propio como marco normativo, el pase al grupo B del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad; adecuación de los medios coercitivos modernos y adecuados de autodefensa y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña.
