El ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha sido citado a declarar este viernes, 19 de junio, en calidad de investigado en el caso de la desaladora de Escombreras, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).
En concreto, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, por auto notificado este martes, señala la declaración del investigado este viernes a las 9.30 horas en el marco de este caso, denominado ‘Desaladora 2’.
Cabe recordar que esta cita estaba programada para el pasado 16 de marzo pero fue aplazada por las medidas acordadas por la Junta de Gobierno del TSJRM como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
En la misma resolución, de fecha 25 de mayo, cita a cuatro testigos para que comparezcan también a finales de junio. Entre ellos, el que fuera interventor de la Comunidad Autónoma y al entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
Cabe destacar que el caso tiene su origen en una querella presentada en 2010 por el abogado murciano Diego de Ramón a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la desaladora de Escombreras.
En ese momento, De Ramón afirmaba que se trataba del «mayor escándalo de corrupción» de la Región de Murcia, al suponer un «agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional».
La Fiscalía Superior de Murcia, liderada por José Luis Díaz Manazanera, pidió que se abrieran diligencias para investigar la responsabilidad de Valcárcel en este asunto.
En concreto, el Ministerio Público veía en el ex presidente el responsable último de una planta desaladora que iba a costar 600 millones de euros a la Comunidad Autónoma y mencionaba la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevarización y falsedad documental, entre otros.
La Fiscalía parte del hecho de que se haya puesto fin al denominado ‘caso La Sal’ o ‘Desaladora’, que investiga una presunta malversación de 600 millones en la construcción y posterior adquisición por la Comunidad de la planta desaladora de Escombreras, sin que Valcárcel haya sido señalado formalmente como sospechoso, a pesar de ser entonces presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad y el que aprobó parte de las decisiones sobre este proyecto; y pide abrir una pieza separada contra Valcárcel dentro de la causa principal.
